YPF : CRONICA DE LA SOBERANIA ENERGETICA

 

El caso YPF se consolida así como un antecedente clave en materia de política energética, seguridad jurídica y litigios internacionales, con impacto directo en la economía y la proyección del país en los mercados globales.

GENERAL MOSCONI

El 3 de julio de 1922, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen se firmó el decreto que dio lugar al nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El general Enrique Mosconi fue el principal impulsor en los años veinte del siglo pasado de la industria petrolera en el país. Representaba a un amplio sector del ejército que, a contramano de la elite civil, bregaba por un control nacional de las industrias estratégicas.

Mosconi, por su parte, había realizado misiones militares en Alemania, que le permitieron observar las necesidades que demanda la incursión en un conflicto bélico y de vuelta en el país, en 1915, se desempeñó como subdirector general de Arsenales de Guerra, experiencias que contribuyeron a forjar su pensamiento en la materia. Nombrado director de YPF bajo el gobierno del presidente Alvear, al asumir el cargo declaró que “la independencia del año 1810 debe ser integrada con la independencia de nuestros cañones”.

Representaba un amplio sector del ejército que, a contramano de la elite civil y partiendo de las preocupaciones por el aprovisionamiento de armamento y la disponibilidad del combustible indispensable para su utilización, bregaba por un control nacional de las industrias estratégicas en esos rubros.

La inauguración de la primera destilería de la empresa estatal en La Plata, el 23 de diciembre de 1925, permitió que la producción de petróleo en territorio nacional se viera sensiblemente acrecentada. La intervención decidida del Estado impulsó una postura más activa de las empresas extranjeras, que a partir de ese entonces se dedicaron en mayor grado a tareas de exploración y extracción. Así, mientras YPF ampliaba la capacidad de refinamiento y expandía su producción, el gobierno otorgó diversas concesiones a esas empresas, que mantuvieron un ritmo de crecimiento similar al de la petrolera estatal.

Se dice que el golpe de Estado de septiembre de 1930, que derrocó al gobierno de Yrigoyen tenía “olor a petróleo”: llamativamente, el gabinete del General Uriburu contará con la notoria presencia de sectores ligados a los intereses petroleros. Esto tornó difícil las tareas de Mosconi, que el 9 de septiembre de 1930 presentó su renuncia indeclinable al cargo, al tiempo que era detenido por las nuevas autoridades del país, después de haber participado en el intento de resistencia al golpe cívico-militar.

Luego de ser liberado y de negarse a colaborar con el régimen, fue nuevamente apresado el 6 de diciembre, acusado de “comunista” y de formar parte de intrigas para deponer al gobierno de facto. Para alejarlo del país lo enviaron a Europa, retornando bajo el gobierno de Justo, siéndole asignada la Dirección de Gimnasia y Tiro. Afectado por una hemiplejia que padecía desde algunos años antes, pidió pronto el pase a retiro y el tiempo del que disponía lo destinó a escribir un libro, El Petróleo Argentino, que fue premiado con la medalla de oro por parte de la Academia de Artes y Ciencias del Brasil. Falleció, como dijimos un 4 de junio de 1940, a los 63 años, en una casa adquirida mediante un préstamo del Banco Hipotecario, del cual aún restaban cancelar algunas cuotas.

Privatización

El amplio proceso de reestructuración de la economía y de privatización de empresas públicas durante el gobierno de Carlos Menem tenía como principios declarados, generar mercados de competencia que permitieran incrementar la eficiencia y la productividad de la economía y, consecuentemente, expandir los volúmenes de producción. En este marco discursivo se realizó una formidable transferencia del patrimonio público al capital concentrado local quienes ingresaron, a partir de que se trataba de mercados con barreras naturales o instituciones, a actividades con importantes rentabilidades.

Un claro ejemplo de este proceso fue el que aconteció con el sector hidrocarburífero argentino. El objetivo manifiesto del gobierno en relación con la amplia reforma desarrollada entre 1989 y 1993 en el mercado de hidrocarburos, tenía como puntos nodales, por un lado, la creación de un mercado “competitivo”, a través de los procesos de fragmentación señalados, en el que ningún operador pudiera controlar, como hasta entonces realizaba YPF, grandes magnitudes de petróleo y/o gas natural. Por el otro, y vinculado con el anterior, eliminar toda intervención del Estado y de la petrolera estatal en el sector, aspecto que contemplaba la desaparición de la “mesa de crudos”, la liberalización de los precios de dichos recursos y la anulación de la restricción para importar y exportar petróleo, gas natural y sus derivados, asumiendo que, a partir de esto y con un “mercado de competencia perfecta”, el precio estaría determinado por el costo marginal de extracción y el costo marginal de su uso, como resultado de la decisión descentralizada de productores maximizadores de beneficios en el marco del libre juego entre la oferta y la demanda.

los primeros cinco grupos económicos (Pérez Companc, Techint, Astra, Pluspetrol y Bridas) alcanzaron una injerencia en 81 de las 147 áreas hidrocarburíferas concesionadas al capital privado (55,1% del total) cifra que asciende a 88 (59,9%) si se considera los primeros seis grupos económicos o conglomerados extranjeros y a 92 (62,6%) al contemplar las siete principales (Glacco —de Canadá— y Soldati). Pero además de la marcada concentración en la “distribución” de la concesión de áreas, estos mismos grupos adquirieron otros activos estratégicos que le permitieron integrarse en la cadena hidrocarburífera del país. En efecto, el grupo Soldati adquirió la totalidad de la refinería Dock Sud, y participó con Pérez Companc en la compra de San Lorenzo. Asimismo, esta última compañía, junto con Astra, Isuara y Pluspetrol adquirieron el 70% del complejo Campo Durán (destilería y oleoducto) y también participó con Techint, Bolland, Astra, Pluspetrol y Bridas en el oleoducto troncal Allen-Puerto Rosales.

En este sentido, en la medida en que la fragmentación y posterior privatización de YPF S.A. y la “desregulación” de la actividad respondieron, por un lado, a las demandas del capital concentrado —generando una morfología de mercado escasamente competitiva y altamente rentable— y, por el otro, a la necesidad del gobierno de cubrir el déficit fiscal y los pagos de la deuda externa, con un Estado que transfirió la capacidad regulatoria a un reducido número de actores privados, es evidente que el leitmotiv de las reformas no fue, como anunciaban, el incremento en la eficiencia de la empresa y la búsqueda de un mercado de “competencia perfecta”. De hecho, el grado de concentración de la extracción de hidrocarburos se mantuvo con los similares niveles, en tanto que desde las reformas alrededor del 90% de su explotación, se efectuó por medio de ocho compañías privadas.

Todo parece indicar que contrariamente al discurso del gobierno, el cual se basaba en generar un proceso de “desregulación” e ingreso masivo de capitales en un escenario de “competencia perfecta”, el proceso de fragmentación de YPF estuvo condicionado por las presiones que ejercieron, en el plano local, los grupos económicos y conglomerados extranjeros, y en el internacional, por las acreedores externos.

En síntesis, la fragmentación de la petrolera estatal, en el marco de la disputa por la apropiación de los recursos del Estado, tenía entre sus principales objetivos reales, por un lado, transferir ingentes cantidades de reservas de petróleo y gas natural al capital privado y, con éstas, la capacidad de apropiarse de una proporción mayor de la renta petrolera. Por el otro, eliminar definitivamente la regulación pública, en primer lugar, al generar una nueva arquitectura institucional del mercado de hidrocarburos en el contexto de la denominada “desregulación”, y, en segundo, al anular a YPF como empresa testigo. En definitiva, el proceso de fragmentación se inscribe en la estrategia global de articulación de los intereses de los sectores dominantes para consolidar el modelo de “valorización financiera y ajuste estructural”.

 

Estatización

El 3 de mayo de 2012, el Congreso -con mayoría oficialista- aprobaba una ley para expropiar el 51% de las acciones de la principal petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuyo dueño mayoritario era la española Repsol.

Al anunciar su intención de expropiar la empresa, en abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había acusado a Repsol de no invertir suficiente en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que –afirmó- llevó al país a perder su autoabastecimiento energético, algo que la compañía negó.

En 2011 Argentina había tenido que importar unos US$9.000 millones en combustible, un aumento de 110% con respecto al año anterior. Para revertir esa tendencia, el gobierno decidió nacionalizar la empresa con la intención de que vuelva a ser la poderosa petrolera estatal que fue antes de ser privatizada en la década de los años 90.

En ese proceso tuvo un papel central Axel Kicillof, entonces integrante del equipo económico, quien participó activamente en el diseño y la defensa pública de la estatización. Desde el gobierno se argumentaba que la caída en la producción y el aumento de la demanda energética obligaban a recuperar el control de la principal petrolera del país.

El 16 de abril de 2012, la entonces presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto para declarar de utilidad pública la participación mayoritaria de YPF. Ese mismo día se dispuso la intervención de la empresa, marcando un giro inmediato en su conducción. Semanas más tarde, el Parlamento aprobó la iniciativa con amplio respaldo, formalizando el traspaso del control al Estado nacional y a las provincias productoras.

La decisión derivó en un conflicto directo con Repsol, que rechazó la medida y exigió una compensación. Tras negociaciones, en 2014 se alcanzó un acuerdo por unos USD 5.000 millones en bonos, cerrando la disputa con el accionista mayoritario.

Sin embargo, el entendimiento no puso fin al problema. El eje del conflicto se trasladó al incumplimiento del estatuto societario de YPF, que establecía la obligación de realizar una oferta pública al resto de los accionistas ante un cambio de control. Ese procedimiento no fue aplicado, lo que dio lugar a nuevas demandas.

Fondos de inversión especializados, entre ellos Burford Capital, adquirieron derechos de litigio y avanzaron con acciones judiciales en tribunales de Nueva York. Los demandantes sostuvieron que la Argentina perjudicó a los accionistas minoritarios al no respetar las reglas establecidas.

El caso avanzó durante años hasta que, en 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que con intereses superaba los USD 17.000 millones, convirtiéndose en la mayor condena económica contra un Estado soberano en ese fuero.

A partir de entonces, el litigio ingresó en una etapa de apelaciones y disputas por la ejecución de la sentencia. Este viernes, en un giro significativo, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió revocar el fallo de primera instancia, reconfigurando el escenario judicial.

El caso YPF se consolida así como un antecedente clave en materia de política energética, seguridad jurídica y litigios internacionales, con impacto directo en la economía y la proyección del país en los mercados globales.