Periodista: Usted dijo que Maduro es responsable del narcotráfico. Recientemente indultó al expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico. ¿En qué se diferencian estas situaciones?
Trump: Este fue un hombre que fue perseguido injustamente por Biden. Obviamente, a la gente le gustó lo que hice.
La respuesta no aborda la pregunta y eso es lo central. Trump no explica diferencias jurídicas, fácticas ni probatorias. Desplaza el eje hacia una disputa interna de poder y convierte una condena penal firme en un problema de afinidades políticas. El indulto no se presenta como una excepción legal cuidadosamente fundada, sino como un acto de conveniencia validado por aprobación popular. Con ese desplazamiento, la noción de justicia queda subordinada a la utilidad política del acusado.
Desde el punto de vista jurídico, el contraste es elocuente. En un caso se relativiza una sentencia dictada por tribunales estadounidenses y se la neutraliza mediante una decisión ejecutiva. En el otro, se invoca la acusación penal para deslegitimar a un jefe de Estado extranjero y justificar presión, aislamiento o fuerza. No hay un estándar común de legalidad, hay una administración selectiva del derecho. El delito no desaparece ni se agrava por su naturaleza, cambia su tratamiento según la alineación estratégica del involucrado.
Políticamente, la escena expone una lógica de poder más amplia. La etiqueta de “narcotráfico” funciona como herramienta flexible. Puede servir para castigar adversarios externos o para absolver aliados cuando conviene. La apelación a que “a la gente le gustó” confirma que la decisión no se ancla en principios jurídicos universales, sino en cálculo político. La justicia deja de operar como límite previo y pasa a ser un recurso posterior que se activa o se desactiva.
El resultado es una erosión del marco normativo internacional y del propio discurso de legalidad. Cuando una condena es negociable y una acusación se vuelve instrumento de política exterior, el mensaje es claro. No se persigue el delito por su gravedad, se gestiona su uso. Como ya dije, dentro de este esquema, la coherencia jurídica se diluye y la credibilidad del sistema queda comprometida.
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