La eventual designación del Dr. Rodrigo Peydro como nuevo Director General de Aduanas genera un fuerte ruido interno en el organismo y enciende alarmas en los tribunales de Comodoro Py.
Peydro no es un técnico de
carrera del comercio exterior. Su nombre se hizo conocido en la Aduana, pero
del otro lado del mostrador: como abogado defensor de verificadores imputados
en la causa de la "Mafia de los Contenedores", una de las investigaciones
por contrabando más resonantes de la última década.
En ese expediente, según consta en las crónicas judiciales, actuó junto a la abogada Andrea Perciacante representando a personal del cuerpo de verificadores. Su estrategia no fue menor: presentó duros escritos ante el juzgado de Marcelo Aguinsky cuestionando el corazón probatorio de la fiscalía. Argumentó que la justicia había validado los pesos del sistema informático BAPLIE -que según su defensa no es un documento oficial- por sobre los pesajes reales de balanza, y sobre esa base planteó la nulidad de todo el procedimiento.
Más allá de la legitimidad de su rol como defensor, ese antecedente lo vuelve incompatible para el cargo que ahora se menciona:
Primero: conflicto de interés. Debería controlar, sumariar y eventualmente denunciar al mismo cuerpo de verificadores que defendió. La imparcialidad queda comprometida desde el origen
Segundo: falta de perfil técnico. La Dirección General de Aduanas exige un especialista en valoración, nomenclatura, logística internacional y normativa de la OMA. La trayectoria de Peydro es la de un penalista abogadístico, sin gestión aduanera u operativa comprobable en comercio exterior. Es un puesto técnico, no un estudio jurídico.
Tercero: una señal institucional devastadora. Después de años de intentar limpiar el nombre de la Aduana tras la causa de los contenedores, poner al frente a quien buscó voltear judicialmente esa misma causa es un mensaje contradictorio para el personal honesto del organismo y para los juzgados que aún tienen causas conexas abiertas.
En momentos donde la Aduana necesita recaudación, trazabilidad y transparencia, la designación de un defensor de los imputados por contrabando como su máxima autoridad no solo es inconveniente: es insostenible desde lo técnico y lo ético.
El trasfondo político también expone una tensión incómoda dentro del oficialismo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece desplazada en una decisión sensible por la influencia de Santiago Caputo, un asesor con peso propio pero que ni siquiera ocupa formalmente un cargo de funcionario en esta administración. Según señalan fuentes del sector, la elección que impulsaría Caputo respondería además a una sugerencia de Leonardo Scaturice, empresario vinculado a Flybondi y OCA, quien ya habría tenido incidencia en la designación del jefe del área de Courier. Ese antecedente suma otro nivel de opacidad a una definición estratégica sobre la Aduana y alimenta la sospecha de que detrás de estas decisiones se estaría configurando un negocio de enorme escala alrededor de áreas sensibles del comercio exterior. La pregunta, entonces, ya no es solo quién dirige la Aduana, sino quién ordena realmente el tablero y con qué intereses.
Además, la posible designación de
Peydro aparece en abierta contradicción con el propio discurso oficial que
reivindica “la moral como política de Estado” . Si ese es el estándar que el
Gobierno dice promover, resulta difícil justificar que la conducción de un área
sensible para la lucha contra el contrabando y la corrupción quede en manos de
un abogado identificado públicamente por su defensa de contrabandistas
imputados en una de las causas aduaneras más graves de los últimos años.