Entre los cambios más importantes, la nueva ley establece que las 365 localidades de la provincia pasarán a denominarse municipalidades, dejando atrás la figura de comunas. De esta manera, todas contarán con una estructura institucional unificada y estarán encabezadas por un intendente en la función ejecutiva.
Además, la normativa habilita a las ciudades con más de 10.000 habitantes a dictar su propia Carta Orgánica, lo que les permitirá establecer reglas institucionales propias de acuerdo a su historia, identidad y necesidades particulares.
Otro de los puntos destacados es la incorporación de herramientas de participación ciudadana como iniciativa popular, referéndum, consulta popular y revocatoria de mandato, mecanismos que permitirán una mayor intervención de los vecinos en las decisiones de sus municipios.
La ley también fija un proceso formal de transición entre gobiernos, establece mecanismos más claros para la elección de autoridades locales y otorga respaldo legal a los municipios para intervenir en áreas como protección animal, cambio climático, defensa del consumidor, prevención del delito y desarrollo productivo local.
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