El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz y cerró un litigio iniciado en 2018 por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la prohibición de realizar fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de 1000 metros de la planta urbana de Sastre y Ortiz, una localidad de poco más de 6000 habitantes ubicada en el centro-oeste de Santa Fe.
Agroquímicos y principio precautorio en los conflictos ambientales
El caso de Sastre también volvió a poner en discusión el principio precautorio, una de las herramientas centrales del derecho ambiental argentino. Este criterio permite adoptar medidas de protección frente a un riesgo potencial de daño grave o irreversible incluso cuando no exista certeza científica absoluta sobre sus consecuencias.
En la causa, los tribunales santafesinos consideraron informes técnicos, antecedentes científicos y testimonios de especialistas para evaluar la relación entre las aplicaciones de agroquímicos y la necesidad de establecer una distancia de resguardo para la población. La Corte provincial señaló en su sentencia de 2023 que la decisión se apoyaba en los principios de prevención y precaución y en la evidencia incorporada al expediente.
El expediente, sin embargo, no establece una distancia de 1000 metros de aplicación obligatoria para todos los pueblos o ciudades del país. Lo que queda firme es la decisión judicial adoptada específicamente para Sastre y Ortiz. Su eventual influencia sobre otros conflictos dependerá de las circunstancias y de las decisiones que adopten otros tribunales.
El recorrido judicial sí convierte al caso en un antecedente relevante para futuras disputas entre comunidades, municipios y productores alrededor del uso de agroquímicos en zonas periurbanas. La causa atravesó la Justicia de Santa Fe y terminó con una resolución de la Corte nacional que cerró definitivamente la posibilidad de seguir apelando ese expediente.
El fallo también expone una tensión que se repite en distintas zonas agrícolas del país. Por un lado, productores y gobiernos locales plantean el impacto que las restricciones pueden tener sobre las superficies productivas y las reglas que regulan la actividad. Por otro, los vecinos reclaman mayores distancias entre las áreas cultivadas y los lugares donde viven, bajo el argumento de que la protección de la salud y del ambiente debe ocupar un lugar central en la regulación.
En Sastre y Ortiz, después de ocho años de litigio, la Justicia terminó fijando una frontera concreta: 1000 metros desde el límite de la planta urbana para las fumigaciones terrestres con agroquímicos.